SAGGI 2009
Idas y vueltas frente a la presión de los lobbies
España: La larga batalla de la comunicación
Enrique Bustamante
El balance del gobierno socialista respecto de su política sobre los medios de comunicación está plagado tanto de luces como de sombras, de actuaciones como de inacciones. Todo un manual de las complejas relaciones entre poder político y lobbies de gran poder comunicacional y, por lo tanto, político. Fuerte impulso inicial y pérdida progresiva de fuelle. Decisión reformista, frenada por el temor a la presión de los grupos privados. Acciones en la primera mitad de la legislatura, compensadas por las carencias de la segunda mitad.
En comparación con la política de comunicaciones de los ocho años de gobierno de José María Aznar, con su feroz intervencionismo y sistemática manipulación, con su profunda degradación de los medios públicos y su clientelismo partidista en los medios privados, la botella del período de José Luis Rodríguez Zapatero aparece plenamente llena. En términos de su propio programa electoral de 2004, de sus promesas de regeneración y de calidad de la democracia, se observan omisiones trascendentales, carencias preocupantes para un sistema mediático aquejado de graves desequilibrios que se traducen en un dudoso pluralismo político y social. O sea, por lo menos la botella está a mitad vacía.
La ejecutoria inicial del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue rotunda, con la constitución del Consejo para la Reforma de los Medios de Titularidad Estatal (CRMTE, del que formaba parte el autor de este artículo), que trabajó desde abril de 2004 con consultas a las radiotelevisiones públicas europeas más importantes, así como a más de 80 entidades y asociaciones españolas afectadas, para entregar su informe final en febrero de 2005. Sin embargo, esta experiencia, insólita para España, dio ya pistas claras de las batallas que se avecinaban. En el propio seno del CRMTE, algunas voces, como la del vocal Fernando González Urbaneja, y la del “asesor financiero” propuesto por el Ministerio de Hacienda (sin derecho a voto), Miguel Ángel Arnedo, insistieron en propuestas que apenas disimulaban el afán por desmantelar y jibarizar el servicio público de radiotelevisión (1).
Coincidentemente, desde el exterior, algunos medios de comunicación de grupos mediáticos importantes, especialmente de Vocento (ABC, El Correo, etc), de Planeta (La Razón) y del diario El Mundo, desencadenaron una furiosa ofensiva que incluyó filtraciones manipuladas previas del informe y ataques virulentos tras su publicación. En su punto de mira estaban los medios públicos pero, sobre todo, los nuevos canales de televisión que se rumoreaba iba a autorizar el gobierno, además de la regulación conjunta del sector audiovisual que éste había anunciado.
Reformas al servicio público
El Informe del CRMTE –aparentemente olvidado después y nunca editado oficialmente– ha surtido abundantes efectos posteriores, orientando reformas importantes del servicio público. Seguramente no por la supuesta “sabiduría” de sus autores, sino porque contenía las únicas líneas posibles a seguir para consolidar un modelo razonable y democrático, neutralizando las veleidades que en todos los partidos parecían impulsar hacia un modelo latinoamericano, es decir de exclusiva dominación de los grupos privados.
En efecto, la ley 17/2006 sobre la radio y televisión pública de titularidad estatal significó una transformación radical respecto de los cincuenta años anteriores de historia de Radio Televisión Española (RTVE), casi la mitad de ellos en una democracia marcada en este aspecto por el franquismo. Por encima de todo, el gobierno de Zapatero tuvo la valentía inédita de renunciar a la tradicional manumisión de la radiotelevisión pública al poder gubernamental, al aceptar un Presidente de la nueva Corporación RTVE, elegido por una mayoría reforzada: dos tercios del Parlamento. Así, con un auténtico Consejo de Administración en el puesto de control, elegido por idéntico procedimiento; con una definición estricta del servicio público y de sus misiones y una obligación estatal de financiación pública transparente (el coste neto del servicio público), RTVE se homologaba por fin con sus colegas europeos más prestigiosos, la BBC, France Televisions, la ARD y ZDF alemanas…
Los pasos siguientes han corroborado y afirmado este camino fundamental para la democracia española: en diciembre de 2006, por amplio consenso en el Parlamento, eran elegidos el Consejo de Administración y el Presidente de RTVE, el periodista Luis Fernández. Y siguiendo las propuestas del Informe del CRMTE, se procedió a aprobar el reglamento del derecho de acceso de los grupos sociales significativos (inédito artículo 20.3 de la Constitución), y el estatuto de información de RTVE, que permitió la constitución de los Consejos Informativos, encargados de blindar al servicio público de toda presión pública o privada. Además, y según recomendaba el Informe, se ha constituido el Consejo Asesor estatal de RTVE (que velará también por el derecho de acceso); se ha aprobado por el Parlamento el mandato-marco a nueve años del servicio público (que deberá luego ser desglosado en contratos-programa cada tres años); se ha constituido una filial digital y multimedia de RTVE; acordado un canal Cultura; suscrito un contrato de cooperación con la agencia EFE y otros progresos democráticos importantes.
Incluso la reducción progresiva de la publicidad en TVE hasta los nueve minutos/hora (respecto a los doce de la legislación general) está en vías de aplicarse, aunque el Informe lo recomendaba para preservar al servicio público de la excesiva presión comercial, mientras las cadenas privadas sólo lo ven como un terreno libre para mayores beneficios.
Lagunas legales
Sin embargo, la presión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y de Hacienda consiguió imponer un salvaje plan de “saneamiento”, con prejubilación sistemática desde los 50 años de edad, que está todavía apartando de RTVE a más de 4.000 asalariados, entre ellos muchos profesionales de energía y creatividad comprobadas.
Además, fruto de la confusión heredada y de la continuidad de la presión publicitaria, el grupo RTVE ha combinado en este tiempo una acrecentada independencia informativa con la tendencia magazinesca de sus telediarios; un incremento de la sensibilidad por el servicio público con la eliminación de programas emblemáticos, y un creciente pluralismo democrático con la continuidad de esa aberración española que consiste en confiar la representación democrática de la sociedad en todo tipo de debates y tertulias a representantes conspicuos –de primera o cuarta fila– de los principales medios de comunicación privados.
Más allá de los tiempos prudentes y necesarios para profundizar esos cambios, y después de décadas de vicios cimentados, muchos de esos problemas pueden ser achacados a la dificultad de encajar reformas parciales en un sistema audiovisual que se mantiene incólume en sus principales defectos estructurales. Porque los grandes logros conseguidos en la regeneración de la radiotelevisión pública de ámbito estatal no han sido seguidos de los consiguientes cambios prometidos en el sistema televisivo en su conjunto.
Una de las piezas maestras de la reforma que cayó en esta legislatura fue la creación del Consejo Audiovisual de España (CAE): apoyado por todos los grupos parlamentarios del Senado desde 1995, nunca fue sin embargo siquiera presentado al Parlamento. En su ausencia, la ley de RTVE queda sin un mecanismo vital para la supervisión del cumplimiento del servicio público o para reglamentar el derecho de acceso.
Pero sobre todo, las emisoras privadas mantienen una situación insólita en toda Europa: autorizadas por diversos gobiernos según sus nexos partidistas y sometidas tan sólo a la autoridad gubernamental (el Ministerio de Industria ahora) se mantienen así al abrigo de toda sanción grave, que sería tachada inmediatamente de inamistosa (si era un grupo “amigo”) o de represalia política (en el caso de una empresa “hostil”).
Se confirmaba así lo que algunos investigadores han llamado el “laboratorio” español, en parangón con la Italia de los años 1970: un sistema televisivo en el que no se cumple ninguna ley ni regla, española o europea, ni en la saturación abusiva de la publicidad, ni en los formatos comerciales prohibidos, ni el respeto a los horarios protegidos para la infancia, ni en los mínimos éticos y estéticos de los contenidos.
En medio de una avalancha de “telebasura” exigida por la competencia feroz por el rating de audiencia, el Gobierno se presta así, en ocasión de cada escándalo social, a un simulacro de “autorregulación” que, ya sea para la protección de la infancia o de problemas sociales agudos como el maltrato a la mujer, queda siempre incumplido.
La otra gran laguna de este período es la Ley General Audiovisual (LGA). Una ausencia particularmente grave, porque a falta de su título III (sobre el servicio público en todos los ámbitos) la reforma democrática no se ha extendido a los canales autonómicos, objeto en ocasiones de nuevas leyes democráticamente homologables en autonomías de gobierno socialista (como en Cataluña, Andalucía, Asturias), pero también –y en sentido contrario– de perversos modelos de externalización total (Baleares, Murcia…) y de censura y manipulación sistemáticas en autonomías controladas por el PP (con Valencia y Madrid como buques insignia).
Peor aun, la falta de una LGA dejó sin cobertura legal a la televisión comunitaria, circunstancia aprovechada por muchos gobiernos regionales para excluir a la auténtica comunicación local de sus licencias e incluso para cerrarlas hasta que, tras un amplio movimiento de protesta, fue preciso incluir su legalización en la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, de diciembre de 2007.
Estas dos graves omisiones no responden a ningún olvido misterioso. Son el resultado de una ostentosa campaña de presión liderada desde finales de 2005 por grupos como la COPE y Correo (Ramonet, pág. 27, nota al pie 4) que, so pretexto de actuaciones del Consejo Audiovisual de Cataluña acusaron a las autoridades audiovisuales independientes de “órganos de censura” e incluso de “mecanismo franquista”. Con el apoyo indisimulado de la Unión de Televisiones Privadas (UTECA) y de la Asociación de la Prensa de Madrid, se llegó al extremo de acusar de antidemocráticos a unos órganos que han cimentado desde hace décadas el sistema radiotelevisivo de Estados Unidos o del Reino Unido y que hoy existen en todos los países desarrollados, mientras se prefiere claramente un sistema clientelar y opaco, marcado por las luchas y alternancias partidistas, pero que en definitiva cimenta la discrecionalidad absoluta de las cadenas privadas.
Retos de la democracia
Inevitablemente dominada por estos viejos mimbres averiados, el relanzamiento de la Televisión Digital Terrestre (TDT), gran enseña del gobierno de Zapatero frente al fracaso del modelo prioritario de pago ideado por los gobiernos de Aznar (que quebró junto con Quiero TV), ha heredado ese alma contradictoria. El paradójico lanzamiento de una nueva cadena privada en analógico (la Cuatro) contaminó el proceso, desencadenando las protestas de las cadenas privadas analógicas (Telecinco y Antena 3 TV) y de las digitales autorizadas por el PP (Veo TV-Correo y Net TV-El Mundo), escenificadas en la rueda de prensa celebrada en la Asociación de la Prensa de Madrid en febrero de 2005, en la que buena parte de los mayores grupos de comunicación y multimedia españoles mostraron su “rebelión” contra el gobierno.
La “paz digital” firmada posteriormente dejó a TVE sin los ocho programas y dos múltiples digitales que el Informe del CRMTE había reclamado para que pudiera liderar la transición digital (sólo cinco programas, tres más que los concedidos por el PP).
El otro agujero negro de la democracia informativa española, en un contexto de extrema precarización del trabajo periodístico que amenaza su independencia y sus derechos profesionales, con repercusiones muy graves sobre la opinión pública, es el proyecto del Estatuto del Periodista profesional, consensuado durante años por todas las organizaciones de periodistas y presentado por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya i Verds (IU-ICV) en el Parlamento como proposición no de ley, con la aparente aquiescencia del PSOE. Rechazado después por la Asociación de la Prensa de Madrid y por las patronales del sector, quedó finalmente aparcado por “falta de tiempo” para su votación en plenario.
Derechos como la cláusula de conciencia o el secreto profesional, la participación en la línea editorial y la libertad de creación, y obligaciones como las incompatibilidades profesionales o el código deontológico se mantienen así en el limbo, pese a las reivindicación de la V Convención de Periodistas de España (Lugo, mayo de 2007).
Como en los otros episodios relevantes en comunicación social de esta legislatura, los actores en escena se repiten: un Gobierno reformista bienintencionado, pero temeroso de oponerse a los mayores lobbies de la comunicación que, especialmente en períodos electorales, hacen ostentación sin pudor de su poder. Y unos grupos multimedia cada vez más concentrados, que prefieren seguir siendo “piratas” sin reglas ni obligaciones, a afianzar los beneficios de los “corsarios” integrados en el sistema democrático. Toda una desgracia para la sociedad española.
