 Le cas espagnol: Entre le service public de l´Etat et ceux de Communautés Autonomes
La regeneración del servicio público de RTVE emprendida por el Gobierno español de Rodríguez Zapatero en 2005-2007 significó un salto cualitativo tras sus cincuenta años de historia, tanto en la perspectiva de su gobernanza y autonomía editorial respecto a los Gobiernos como en su saneamiento financiero y en la definición de sus misiones analógicas y digitales (mandatos marco a nueve años, contratos programa trianuales).
En el ámbito regional sin embargo, la competencia exclusiva de los Gobiernos autonómicos determinó caminos diversos, desde la reforma democrática de radiotelevisiones públicas como en Cataluña, Andalucía o Asturias, hasta la involución autoritaria de los emisores de Madrid o Valencia, amenazados permanentemente por las promesas de privatización. Además, las nuevas televisiones regionales públicas surgidas desde el año 2000 (Canarias, Murcia, Baleares, Extremadura, Asturias), han supuesto el estallido del modelo autonómico con dosis diversas de externalización que, a veces, alcanzan la casi totalidad de las misiones del servicio público.
Los dos últimos años han supuesto sin embargo un cambio profundo de tendencia, tras tres años de paralización de la prometida Ley General Audiovisual y de creación del Consejo Audiovisual estatal: en 2009, el Gobierno comienza un proceso legislativo por procedimientos de urgencia que abre la vía a la concentración de las cadenas privadas mientras importa el modelo francés de Sarkozy para modificar el modelo financiero de la Corporación RTVE, prohibiendo la publicidad desde el 1 de Enero de 2010 y haciendo depender su economía de las tasas impuestas a los operadores privados de televisión y telecomunicaciones. La Ley General Audiovisual de 2010 consolidará estas dos caras complementarias de la contrarreforma socialista: exigencias y limitaciones estrictas para el servicio público estatal en paralelo a una desregulación profundizada para el sector privado. Con licencias prolongadas a quince años, de prórroga automática, los operadores comerciales podrán así concentrarse casi sin limitaciones (hasta ocho programas digitales y el 27 por ciento del share), verán disminuir sus obligaciones de inversión en cine y producción independiente y podrán aplicar una lectura extremadamente liberal de las directivas europeas sobre publicidad.
Se verifica así un cambio de tendencia que, en el diseño digital que marca la implantación generalizada de la TDT (en Abril de 2010), amenaza con perpetuarse en el escenario multimedia del futuro. De esta forma, mientras que RTVE , pese a su liderazgo inicial de audiencias, comienza a mostrar signos de asfixia financiera, se perfilan dos grandes grupos privados (Telecinco en manos de Mediaset y Antena3 TV , controlada por la alianza Planeta-Agostini) que podrían constituirse en un duopolio férreo en el mercado publicitario. La escasez de recursos de RTVE se plasma también en sus dificultades para abordar su transformación en editor multiplataforma de servicio público para la sociedad de la información, apenas comenzado, en tanto que las televisiones públicas regionales, con la sola excepción de TV3 de Cataluña, se encuentran en la imposibilidad de abordar estos nuevos retos del servicio público. La consecuencia es que la hegemonía de la televisión comercial está pasando netamente al mundo online, con escasas posibilidades de competencia del servicio público.
Desde el análisis político, se verifican así las debilidades de los Gobiernos nacionales, incluso los de ideología socialista, para mantener sus posiciones de equilibrio público-privado frente a unos lobbies comerciales potentes que aprovechan la crisis económica y la consiguiente crítica generalizada a los partidos gobernantes para imponer la hegemonía privada. Una derivación ideológica que marcha en paralelo al desarme progresivo del servicio público digital llevado a cabo por la Comisión Europea, en curiosa simbiosis con muchos estados miembros.
La llamada “Declaración de Madrid” (4 de Junio de 2010), auspiciada por el Gobierno de España como colofón a su Presidencia de la Unión Europea, auténtico manifiesto en veinte puntos de las más radicales reivindicaciones comerciales, en ausencia total de la UER, de RTVE o de la FORTA (Federación de Televisiones Autonómicas Regionales) escenificó esa alianza sagrada entre el Estado y las asociaciones patronales europeas de medios de comunicación, que reclaman ya descarnadamente su hegemonía absoluta sobre el pluralismo y la democracia.
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